El Gobierno de Cuba ante el Comité contra la Tortura en la ONU.

Detencinón de la difunta Laura Pollán por protestar pacíficamente en las calles.
Se puede observar una policía y otras instigadas por la seguridad del estado.

Las autoridades cubanas durante más de 9 años evadieron el análisis de sus violaciones de los derechos humanos en el Comité sobre la Tortura de las Naciones Unidas; período coincidente con la asonada de marzo de 2003, cuando sometió a juicios sumarísimos a 75 pacíficos opositores y fusiló a tres jóvenes secuestradores de un barco sin ocasionar hechos de sangre, así como fallecieron en huelga de hambre los prisioneros políticos Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, y se mantuvo fuerte represión sobre muchos integrantes de la sociedad civil cubana.

La 48 Sesión del Comité analizó el informe presentado por el Gobierno de Cuba, cumplimentando su compromiso como Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (que suscribió en 1987 y la Asamblea Nacional ratificó en 1995), el 22 y el 23 de mayo, y emitió sus Observaciones Finales el 1 de junio. Las autoridades cubanas siempre han negado la aplicación de tortura, en alusión a las notables evidencias físicas, pero el concepto es mucho más amplio.

El Artículo 1 de la Convención precisa que “se entenderá por ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

El Comité contra la Tortura está compuesto por 10 expertos independientes, propuestos por los países, pero trabajan a título personal. Su tarea es supervisar la aplicación de la Convención por los Estados Partes, los cuales tienen que presentar informes periódicos y responder a las preguntas sobre las denuncias recibidas, así como acudir a la convocatoria del Comité para la consideración de los informes. Sesiona en Ginebra, dos veces al año, y en esta ocasión se analizaron Albania, Armenia, Canadá, Cuba, República Checa, Grecia, Ruanda y Siria.


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